Tomaremos exclusivamente como referencia la famosa entrevista que le brindó a la comunicadora social y abogado Verioska. Empezando con afirmar el valor jurídico de dicha entrevista. Lo hacemos siguiendo la famosa Sentencia 98 del 15-3-00 de la Constitucional que reconoce el valor del llamado "hecho notorio comunicacional" ("notoria non egent probatione", se exonera de prueba al hecho notorio), que recoge el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, y el 215 del COPP, lo notorio no requiere prueba. Dice la sentencia "...De un hecho comunicacional de este tipo, no puede escapar un juez que en la vida actual, incluso como parte de los hechos que debe adquirir para engrosar su conocimiento sobre su entorno social, lee periódicos, oye radio o ve televisión. Es esta difusión comunicacional una de las fuentes de la "sensación o escándalo público" que toma en cuenta el artículo 59 del Código Orgánico Procesal Penal". Todo el país conoció de la entrevista en la que el ex presidente de la Sala de Casación Penal del TSJ (ex fiscal militar, ex presidente de los dos circuitos justíciales más importantes, el de Caracas y el del Zulia) afirmo que:
* Él, como fiscal general militar le daba "este tipo de credenciales... a la gente que se consideraba amiga". Sabemos que un juez superior penal de Caracas y dos juezas, una de Maracay y otra de Caracas, han hecho un uso abusivo de tal carnet así dado, inclusive haciendo negociados con el Bodegón Ipsfa, allá en Santa Mónica;
* Que él "...formo parte del Poder Judicial... de una manera protagónica. Y quizás muchas de las cosas que suceden en el poder de ahorita existieron bajo mi responsabilidad"..., por lo que todo lo dicho por el ex magistrado se encuadra en la condición de "informante arrepentido", como lo llama el 39 del COPP;
* "... ¿Recibió alguna llamada...para solicitarle a usted algún tipo de manipulación en la justicia venezolana? Cierto. Desde el Presidente para abajo... Directamente... Principalmente en el caso de los paramilitares de El Hatillo... para que condujera de una manera conveniente hacia el Gobierno las investigaciones... De Luisa Estela Morales recibí infinidad de llamadas... Cuando se iba a imputar a alguna persona, cuando se le iba a privar de libertad, cuando se iban a hacer los allanamientos, para que yo organizara esa situación, y buscara al juez idóneo... buscaron un preso, lo encapucharon, y lo pusieron como testigo para que dijera que este señor había sido el que dio la orden para que mataran al otro... al hombre se le pago dándole la libertad". Esto significa que en los casos decididos por Aponte, donde se plantearon hechos de relevancia política, nunca fueron decididos conforme al Derecho sino conforme a lo ordenado políticamente. Ello lo penaliza el 54 de la Ley Contra la Corrupción; y lo más importante lo contempla el 470 del COPP: "La revisión procederá contra la sentencia firme... 4.Cuando con posterioridad a la sentencia condenatoria, ocurra o se descubra algún hecho... que sea de tal naturaleza que haga evidente que el hecho no existió o que el imputado no lo cometió. 5. Cuando la sentencia condenatoria fue pronunciada a consecuencia de prevaricación o corrupción de uno o más jueces". Nos imaginamos que pendiente de este asunto estará la ciudadana fiscal, que sin duda hará revisar tales sentencias dictadas por Aponte. Las sentencias que Aponte Aponte mencionó son estas: la C06-152 del 2/5/06, sobre los "paracachitos"; la 227 (6-6-11) en la que se condeno a José Sánchez (Mazuco); la 259 (13-7-10) en la que se le niega el avocamiento a la juez Afiuni, la 173 (21-5-10) en la que Aponte negó la nulidad de la condena a los oficiales de la PM y otros policías por Puente Llaguno; la 317 (29-7-10) mediante la cual Aponte se avocó de oficio y revoco la evidente prescripción de la causa en contra de Italo Alliegro; la 142 (12-4-07) donde Aponte le negó el avocamiento a la periodista Patricia Poleo Brito, y la 488 (6-8-07) donde negó la casación a los ciudadanos Guevara, condenados por tal muerte; y muchas, muchas otras más, realizadas por este ex magistrado confeso de prevaricación.
* Aponte: "...a mí me pedían los favores y yo los ejecutaba. Y ay del juez que se negara a ejecutarlo...Era removido del cargo...Eso lo hacia la comisión judicial. Pero fueron muchos". Periodista: "¿Usted apoyo a más de uno para que fuese removido de su cargo?" Aponte: "Si lo apoyé...eso es parte de la comisión judicial"... Esta grave aseveración de Aponte revela lo que ha decidido la propia Sala Político Administrativa, buscando apartarse de tan denigrante atropello de la Comisión Judicial: "la Comisión Judicial del TSJ no tiene legitimidad alguna para suspender, destituir o sancionar a los jueces titulares...". Y con mucha más razón ahora esa sentencia tiene fuerza, máxime, si la Comisión Judicial lo hacía (o hizo) por razones tan viles como las manifestadas por el tenor Aponte.
Esto ameritaría un pronunciamiento inminente y evidentemente la revisión de los casos decididos por Aponte en los últimos años frente a los llamados delitos bancarios, a saber, entre otros, la 406 (12-7-07) que declaró sin lugar la casación interpuesta por Eligio Cedeño; la 396 (26-8-10) decisión en la que Aponte acordó la extradición activa de Nelson Mezerhane; la 742 (18-12-07) en la que declaró un error inexcusable de unos jueces superiores penales que no hicieron más que ratificar el criterio fiscal y el del extinto Tribunal Superior de Salvaguarda, donde se había decidido la prescripción de una causa por bonos de la deuda pública (Bandagro); y muchos otros más.
* Aponte: "...se reúne el vicepresidente, que es el que maneja la justicia en Venezuela con la presidenta del Tribunal Supremo, ...con el presidente de la Asamblea...con la procuradora general de la República, con la contralora general de la República, y unas que otras veces va uno de los jefes de los cuerpos policiales. De ahí es donde sale la directriz de lo que va a ser la justicia. O sea, salen las líneas conductoras de la justicia en Venezuela"... Esta declaración de Aponte es la expresión más palpable de la depauperización de la justicia en Venezuela. Ello conllevaría, no solo la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, sino de la propia Convención Americana de los Derechos Humanos; y hasta el propio Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional.
Los trabajos de Eladio. Hasta mediados de esta semana, Aponte ha llenado 17 horas de grabaciones precisando santos y señas de todo el mundo, allá en Estados Unidos, luego de una recaída inicial de salud que tuvo (baja de tensión) al enterarse de la retaliación que le hicieron a su yerno de traerlo a Venezuela junto con su hija, el ex funcionario de la Embajada venezolana en Siria. Aponte sabe de los allanamientos realizados sobre su vivienda en Maracay, de los que solo pudieron sacar computadoras en blanco y documentos sin importancia. Aponte ha entregado más de 50 expedientes que llevó consigo, de los cuales 12 ya han sido examinados, siendo que las investigaciones a partir del testigo protegido se clasifican en varios apartados (traducción propia): "1) Participación del Ejército venezolano en actividades de narcotráfico y terrorismo; 2) Desviaciones de la función judicial en Venezuela; 3) Penalización de la disidencia política venezolana; 4) Represión selectiva a empresarios en la Venezuela de Chávez." Pero hay un expediente que particularmente resulta interesante: "Venezuelan prosecutor Danilo Anderson". Ya ingresaron las pruebas en una Corte Federal de Nueva York y es inminente prontos pronunciamientos sobre varios funcionarios venezolanos, entre los que estarían el ministro del Interior y su hermano, y dos altos militares. El ex magistrado no solo colabora con la DEA sino con el equipo del FBI en Miami y 7 congresistas de USA. La última semana se empezaron a mencionar a dos de las más importantes funcionarias venezolanas.
Cambio de seña. Conversado con Fidel (quien lo orientó narrándole largamente la historia del fusilado Ochoa), Águila 1 (con su preocupante cáncer, que según ha trascendido, ya ninguno de sus oncólogos quiere tratar ni con química ni con radio) iba a expresarse sobre el caso Aponte, de una manera más comedida de como lo hizo, propiciando una investigación sobre lo que declaró el destituido, pero aun, criticándolo en bajo tono. Pero uno de sus delfines (aspirantes a sucederlo) viajó hasta La Habana para advertirle que el goteo iba a continuar y que el siguiente era un ex ministro del área social recientemente cesanteado. La orientación trazada ahora es que el propio Makled "desenmascare" a Aponte poniéndolo a declarar en su contra. Ya lo hemos anunciado aquí: el precio, la libertad de los hermanos de Walid.
En honor a la verdad. Registra la página web del TSJ el récord de cada uno de los tribunales en cuanto al trabajo realizado y a decisiones que estos producen. Lo importante es que en esa página también pueden leerse sus sentencias y de allí sacar conclusiones acerca de lo medular de las mismas. En la jurisdicción de civil, por ejemplo, los jueces de Primera Instancia de mayor rendimiento son: primer lugar, Juan Carlos Valera Ramos (Tercero Civil), y segundo lugar, ya alcanzando al primero, Ángel Eduardo Vargas Rodríguez (Undécimo Civil). El resto está muuuy lejos. Punto a favor de estos jueces. La semana que viene hablaremos de los penales.
Salto de Talanquera. Muy criticadas en el seno de los magistrados del TSJ fueron las declaraciones del ex magistrado de la Electoral, Luis Martínez, en el programa radial "Una Sola Venezuela", que conduce el periodista Mario Villegas, donde el ahora jubilado magistrado se despepitó a hablar del actual sistema judicial en Venezuela. Decían en Dos Pilitas que "Ahora sí, con la jubilación en el bolsillo, todos son honorables y doctos críticos del sistema", después que Martínez había sido uno de los más conspicuos defensores del "Socialismo Judicial" en el TSJ. El odontólogo-abogado Martínez indicó que después de haber visto las declaraciones del ex magistrado Aponte, pudo notar "la cantidad de personas que nunca merecieron llegar al Tribunal Supremo de Justicia". Por otra parte cuestionó la actuación general de la abogada Morales explicando que "ha incidido mucho la transparencia y la honorabilidad, estando en la cúspide las cosas permean hacia abajo (…) desde el punto de vista ético, ella no ha debido estar al frente del TSJ (…) en cualquier país del mundo no habría calificado ni para aspirante". Se nos informo que a la presidenta del TSJ le llego la grabación, no solo del programa sino de lo dicho por éste en clase, en una Universidad de la cual ha sido profesor en la facultad de odontología. Se nos dijo que en la misma posición crítica ya cuadró a dos ex magistrados también jubilados; ambos de mucho peso por lo que representaron con sus decisiones cuando estaban dentro (además del real prestigio académico que tienen). Contactado un tercero, Levi Ignacio Zerpa, boto tierrita y dijo que no jugaba.
Dudas que nos embargan...
* ¿Que la abogada Luisa del TSJ le habría dicho a otra altísima funcionaria, que había que realizar un cambio de postura institucional porque "con el Presidente tan enfermo", ella no se solidarizaba con ningún segundón y tampoco iba a permitir que eventualmente la enjuiciaran por "silencio cómplice" en un futuro?
* ¿Que una suspendida juez, ex presidente del Circuito Penal de Caracas, de quien se sospechaba había salido fugada del país, merodea con mucha frecuencia los alrededores de la DEM en Chacao?
* ¿Que internacionalmente prosperó una denuncia por la muerte del productor agrario Franklin Brito, en donde surge como responsable a un juez apodado "Retaco" de nombre Lenin?
* ¿Que estando en Buenos Aires, la abogada Morales y los doctores Omar Mora y Arcadio Delgado, en una reunión de altos jueces latinoamericanos, pudieron darse cuenta de que cayó muy mal allá, especialmente a sus pares judiciales, lo declarado por Aponte, inclusive con críticas efectuadas sin disimulo alguno a nuestros jueces, de parte de funcionarios argentinos, ecuatorianos, bolivianos, y de otros países?
•¿Que lo que está aconteciendo moralmente en el Poder Judicial Venezolano reafirma la buena imagen de muchos de los arbitrariamente suspendidos o destituidos jueces titulares, en todas las jurisdicciones, durante los últimos años, puestos en un limbo que les impide siquiera dedicarse a otras actividades, y sin sueldo, sin HCM, o siquiera una jubilación?
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