martes, junio 26, 2012

MEDIDAS PARA LA REACTIVACION SOCIOECONOMICA

Alberto Gallango. Economista.

Nosotros partimos de que el país está hoy en un grave declive socioeconómico, como producto del ideologismo, la incompetencia del gobierno y la obstinada pretensión del ingeniero eléctrico Giordani de negar las leyes de la economía y tratar de imponernos el modelito soviético que hizo perder 70 años de progreso a los rusos, a los cubanos 54 años y a los venezolanos 13 años, por ahora.
La propuesta que sigue, tiene la bondad de que puede ser instrumentada por cualquier gobierno responsable, dotado de sensatez y con el genuino sentido de lo que es el desarrollo y su trascendencia para el bien general del país.
Las medidas son las siguientes:
Acentuar la ejecución del presupuesto nacional en base al criterio de descentralización administrativa y política que establece como principio la Constitución Nacional.
Paralizar las expropiaciones y auspiciar una reorganización de las empresas estatizadas y de las creadas por el Estado, de acuerdo a criterios de gerencia y rentabilidad.
Reprogramar las compras del Estado, integrando de forma activa en la oferta, al sector privado productivo nacional.
Consolidar PDVSA como empresa exclusiva del negocio petrolero del país.
Rescatar la autonomía del poder judicial y con ello, el estado de derecho y la gobernabilidad. (los derechos civiles y los derechos económicos)
Estas medidas consideradas como necesarias por quien escribe están vinculadas a la creación de empleo productivo generalizado y a una sostenibilidad integrada al crecimiento económico.
La descentralización del presupuesto público implica reactivar el gasto en las regiones de acuerdo a sus necesidades de desarrollo en los espacios claves de la vida como son: el desempeño económico, las inversiones, el comercio, la educación y la cultura, etc.; aparte de ello las regiones (gobernaciones y alcaldías) tienen el legítimo derecho constitucional a administrar sus recursos y a asumir las responsabilidades del desarrollo socioeconómico ante sus comunidades y electores sin que se traslade el excedente económico a la burocracia central.
Las expropiaciones y confiscaciones injustificadas, son asimismo una transgresión directa a la propiedad privada y a los derechos económicos de la sociedad para explotar aquellas actividades legales en provecho, bien sea colectivo o particular. Estas apropiaciones indebidas por parte del gobierno, de activos y bienes ajenos, han creado un clima de miedo y riesgo a la inversión privada la cual simplemente prefiere no expandir la producción de las empresas y mantenerse en un mínimo operativo de la capacidad instalada y de la nómina.
Reprogramar las compras del Estado integrando al sector privado productivo, implica estimular vía la demanda, la producción endógena del país y no cubrir el consumo solo con importaciones de bienes como lo hace hoy el gobierno, remarcando especialmente la compra foránea de alimentos y materias primas (ganado vivo, leche, maíz, etc.) sin darle espacio a los empresarios y productores nacionales, tan solo por retaliación política y escasa visión de futuro. La incidencia de una medida de este tipo sobre el empleo productivo es inmediata y expansiva por su alta conectividad con todo el circuito económico.
Concentrar las actividades de PDVSA en la dinámica específica del negocio del petrolero constituye una directriz impostergable, dado que su desvío hacia actividades sociales, económicas y políticas del gobierno han desinflado su potencial productivo y debilitando su fuerza como pivote fundamental de los ingresos públicos. La empresa ha sido colocada en riesgo extremo; su deuda financiera descomunal y la carga de las regiones han restringido considerablemente su capacidad operativa y ha detenido la ampliación de su capacidad de producción la cual aún no ha podido superar los 2.3 millones de b/d. Toda la dinámica socioeconómica, política y financiera del país está ligada de forma directa al éxito empresarial de PDVSA y a su consolidación como administradora del negocio petrolero.
Rescatar la autonomía del poder judicial ha constituido una lucha frontal de la ciudadanía durante estos casi tres lustros del gobierno; este rescate implica necesariamente restablecer un nivel de gobernabilidad suficiente para garantizar la seguridad ciudadana y de los derechos económicos de las personas jurídicas y naturales así como de sus derechos civiles para participar en las decisiones sobre el desarrollo nacional y su futuro dentro de la escena mundial y regional suramericana.
El país está hoy en una grave encrucijada que involucra riesgo para casi 30 millones de personas. El proyecto Giordani-Chávez de suprimir las libertades económicas, estatizar toda la economía y eliminar al sector privado tradicional no tiene, ni siquiera en el mediano plazo sustentabilidad alguna. En este año 2012, la diatriba electoral obliga a agudizar la mirada sobre los obstáculos más relevantes que obstruyen una coyuntura favorable al desarrollo y esta propuesta de medidas podrían representar una plataforma mínima de arranque hacia el rescate general del país y prevenir la consolidación de tendencias claramente totalitarias y enemigas de la libertad.

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