Viernes, 22 de Junio de 2012 16:30
Cualquier país que se califique, como un estado democrático social de derecho y de justicia, verbigracia el nuestro, debería tener como prioridad el apoyo a los defensores de los derechos humanos y constituir como política y objetivos en materia de derechos humanos el fomentar y estimular el respeto de los mismos.
Esta reflexión la traigo a colación con motivo del estudio y análisis del recién reformado Código Orgánico Procesal Penal, publicado en Gaceta Oficial Nº 6078, extraordinario, de fecha 15 de junio del 2012, ya que si bien es cierto que en su exposición de motivos encontramos pensamientos altruistas donde el Presidente de la República conjuntamente con sus Ministros se desgarran las venas por el pueblo venezolano, jugando, debe ser, a esa inigualable pérdida de memoria que pareciera ser un don que tenemos los venezolanos, y que nos lleva a aparecer en las estadísticas mundiales como un país de una población infinitamente feliz, ya que debemos recordar que el Código Orgánico Procesal Penal, cuyos redactores, en 1998, no pertenecieron a este Gobierno, ha sido objeto de ensayo y error solo en estos trece años de gobierno, hemos tenido tanto tiempo de estudiarlo y analizarlo que lleva seis reformas todas realizadas por una Asamblea Nacional conformada por gente del gobierno, que debería muy bien conocer que quiere y que necesita el pueblo venezolano, ya que actúan en nombre del mismo.
Ahora bien debo preguntarme y, además, preguntarle a nuestros gobernantes si ellos le preguntaron al pueblo venezolano, y entiéndase por pueblo no solo los que visten una franela roja sino a toda la población venezolana, ¿si ellos se ven bien representados por el Ministerio Público, y por la Defensoria del Pueblo? ¿Si estas dos instituciones tienen credibilidad y son para nosotros las llamadas a representarnos? ¿Tenemos los venezolanos acceso realmente a la justicia? O por el contrario debemos agradecer el trabajo de un grupo de personas que bien individual o colectivamente, sin fines de lucro representan o representamos los derechos de aquellas personas que no pueden tener acceso a un abogado porque su situación personal y económica no se lo permiten.
Debemos recordarle al gobierno que es un defensor de derechos humanos y para ellos debemos tomar en consideración lo preceptuado en el articulo 1º de la "Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos" donde se afirma que "toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional". Y que "Los defensores de los derechos humanos son aquellos individuos, grupos y organismos de la sociedad que promueven y protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Los defensores de los derechos humanos persiguen la promoción y la protección de los derechos civiles y políticos, así como la promoción, la protección y la realización de los derechos económicos, sociales y culturales.
Ahora bien todo ello como bien dije, se vera mermado a partir del 1 de enero del 2013. Cuando entren en vigencia los artículos 123 y 124 del COPP, donde elimina la participación de las ONG y por ende de los defensores de derechos humanos, en el ámbito de representación y asistencia de las víctimas en causas penales, derogando los artículos 121 y 122, quienes otorgaban esta facultad de representación, tanto a la Defensoria del Pueblo, así como a cualquier persona o asociación de defensa de los derechos humanos, esto es un hecho lamentable, en virtud que estos individuos, grupos y organismos desempeñan un papel importante en la defensa de la causa de los derechos humanos.
Las actividades de los defensores de los derechos humanos dentro de lo que es la representación de las victimas incluyen, entre otras, la de denunciar violaciones de los derechos humanos, buscar compensaciones para las víctimas de dichas violaciones prestándoles apoyo jurídico, psicológico, médico o de otro tipo, así como enfrentarse a la cultura de la impunidad a la que nos tiene acostumbrado el gobierno venezolano, donde cada año el informe de la Fiscalía General de la República nos señala que la capacidad de respuesta ante la criminalidad existente en el país, es apenas de un siete por ciento de las causas que entran, lo que demuestra la pobre capacidad del Estado para enfrentar las sistemáticas y continuas violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
¿Cual es el motivo real que tiene el Estado para apartarnos de nuestra labor como defensores de derechos humanos?, el mismo no es otro que cercenar nuestra frecuente crítica de las políticas y actuaciones del gobierno.
Personalmente le recomendaría a este y a cualquier gobierno, que en vez de tener una actitud negativa frente a nuestra labor, permita la independencia de espíritu y el libre debate sobre las políticas y acciones del gobierno ya que constituye un modo de comprobar y de establecer un nivel más alto de protección de los derechos humanos.
Los defensores de los derechos humanos pueden ayudar a los gobiernos a promover y proteger los derechos humanos y no se nos debe ver como unos enemigos, ya que una de nuestras primordiales funciones es lograr contribuir a elaborar una legislación apropiada, y ayudar a establecer planes y estrategias nacionales sobre la materia, por tal motivo mas que eliminar nuestra labor, todo gobierno debe reconocer y respaldar esta función.
JACKELINE SANDOVAL DE GUEVARA
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